Pueblos indígenas exigen reconocimiento jurídico y de sus sistemas de gobierno.

Los pueblos indígenas de Michoacán y Colima exigieron que la Constitución Federal reconozca su sistema de gobierno y proteja sus tierras, territorios y recursos naturales.

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Tomado de Gobierno de México

En el Foro de Consulta Libre, Previo e Informado para Reforma Constitucional y Legislación de Derechos Indígenas y Afromexicanos realizado un día anterior en Pátzcuaro y Zitácuaro, Michoacán, y Comala, Colima, se exigió cumplir con estas demandas.

Al foro, realizado en Pátzcuaro, estado de Michoacán, asistieron 216 personas de los pueblos purépecha/tarasco, mazahua, náhuatl, otomí e indígenas asentados en la región, indicó la presidencia de la República en un comunicado.

Los representantes expresaron la capacidad de las comunidades para generar recursos y promover su propio desarrollo, exigieron el pleno reconocimiento de su autonomía en todos los ámbitos y a todos los niveles.

También coincidieron en que su realidad requería el reconocimiento de su sistema de gobierno y dijeron que habían tomado una iniciativa sobre los temas que querían llevar al Congreso de la Unión, ya que era crucial que la comunidad ejerciera los mismos derechos y obligaciones que los municipios.

En un foro en Zitácuaro, Michoacán, 241 personas de los pueblos otomí, mazahua, matlatzinca e indígenas inmigrantes argumentaron que existe la necesidad de leyes para proteger sus tierras y territorios, así como el subsuelo y los recursos naturales.

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También pidieron el reconocimiento de los guardabosques y la regulación de los pesticidas tóxicos que afectan a las comunidades.

A la vez, 221 inmigrantes náhuatl e indígenas participaron en un diálogo en el marco de un foro consultivo realizado en Comala, estado de Colima, donde acordaron reformar las leyes secundarias que afectan la vida de los pueblos indígenas.

Entre ellas, sobre las leyes de agricultura, minería y propiedad del Estado, pidieron reformas al artículo 27 de la Constitución destinadas a reducir la propiedad privada y el desarrollo de tierras y territorios por parte de empresas privadas.

También llamaron a consultas sobre el acuerdo de San Andrés La Larráinzar para reformar la constitución y la legislación sobre los derechos de los indígenas y afromexicanos.

En todos los foros, los participantes sostuvieron la necesidad de ser reconocidos como sujetos de derecho público en la Constitución Federal, con plena discreción sobre su desarrollo y sin tutela de ningún tipo.

Coincidieron en que la reforma de la Carta Magna es inaplazable, y también exigieron el reconocimiento legal de su personalidad jurídica para fortalecer su autonomía.

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