La representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que, aparte de pagar por el acceso a ciertas áreas, también se encontraron con la situación de que uno de sus encuestadores fue secuestrado.
Susana Pérez Cadena, directora de censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que durante la ejecución del Censo Agropecuario 2022 tuvieron que hacer pagos a grupos delictivos para poder acceder a algunas áreas rurales.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la funcionaria mencionó algunos obstáculos que enfrentaron al realizar el censo.
“En ciertos casos, fue necesario pagar para poder ingresar a determinadas zonas, aunque las sumas fueran pequeñas. También tuvimos que contratar personal local que conociera bien a los habitantes de la localidad que estábamos censando y que además fuera conocido por aquellos que podrían estar involucrados en actividades delictivas”, expresó Pérez Cadena.
Secuestro
Además, informó que durante el desarrollo de este censo, un empleado fue secuestrado, pero afortunadamente fue liberado posteriormente. Sin embargo, Susana Pérez Cadena no reveló si el INEGI tuvo que realizar algún pago para asegurar la liberación del trabajador.
“Hubo algunos contratiempos. El primer día tuvimos a una persona ‘secuestrada’ y estuvo en esa situación durante varios días, pero después de eso, no tuvimos más incidentes. Creo que la experiencia del INEGI nos ayudó enormemente”, mencionó la funcionaria.
A pesar de reconocer esta situación, Pérez Cadena explicó que solo se realizaron pagos de “cantidades muy pequeñas”.
La representante del INEGI dejó claro que este tipo de estrategias son comunes en áreas donde la presencia del crimen organizado es muy fuerte, y la inseguridad es siempre uno de los mayores riesgos que enfrentan al llevar a cabo un censo.
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