
En el marco del encuentro “Vivienda para el Bienestar”, convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y encabezado junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Dra. Edna Vega Rangel, representantes del sector público, privado y académico en materia de vivienda, analizaron los avances, retos y oportunidades del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), programa prioritario del Gobierno de México, que busca garantizar el acceso a la vivienda adecuada para personas de bajos ingresos en nuestro país.
Coordinación clave para alcanzar las metas
Durante su intervención, el diputado Ramírez Cuéllar subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo y la iniciativa privada para acelerar la construcción y garantizar la disponibilidad de suelo. El legislador destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) contempla metas ambiciosas hacia 2030, orientadas a ampliar el acceso a vivienda adecuada y detonar el desarrollo económico regional.

“Este encuentro busca hacer un balance, evaluar resultados y generar orientaciones que fortalezcan el trabajo legislativo, las disposiciones presupuestales y la disponibilidad de suelo, para avanzar en la construcción de vivienda y alcanzar las metas planteadas”, afirmó el vicecoordinador de la bancada morenista.
Avances en la política habitacional
Por su parte, la secretaria Edna Vega Rangel presentó un diagnóstico detallado de la política habitacional, destacando que 5.8 millones de personas han logrado superar el rezago habitacional desde 2018, tendencia que el PVB acelerará de manera significativa.
En ese sentido, destacó que por instrucción de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México impulsa la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en todo el país: 1.2 millones a cargo del Infonavit, 500 mil mediante Conavi y 100 mil a través del Fovissste. Además, resaltó que 389 mil viviendas ya se encuentran formalizadas para su construcción, y se espera sumar otras 400 mil durante este año.

La Secretaria Edna Vega puso énfasis en las características de las viviendas que se están construyendo, las cuales cumplen con espacios suficientes, servicios básicos garantizados, ubicación adecuada y acceso a equipamientos urbanos, transporte y fuentes de empleo cercanas.
Asimismo, la funcionaria informó que se ha impulsado la conformación de reservas territoriales en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como alianzas estratégicas con desarrolladores privados, quienes han aportado suelo y proyectos previamente autorizados.
Impacto económico y generación de empleo
Esta estrategia, explicó, permite reducir costos, acelerar los tiempos de construcción y detonar una importante derrama económica y creación de empleo al involucrar a la industria de la construcción, productores de materiales y cadenas productivas locales. El objetivo, precisó, es atender de manera prioritaria a la población de menores ingresos, sin desplazar la producción de vivienda tradicional que actualmente genera el sector privado, sino complementándola.

Durante el diálogo, representantes del sector privado —entre ellos, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), SADASI, VINTE, Ara, Hogares Unión, Quiero Casa, entre otros— reconocieron el programa como un eje central de la política pública en materia de vivienda, destacando su impacto en la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo urbano.
Sin embargo, también plantearon algunos factores que representan grandes desafíos, entre ellos, los trámites a nivel municipal; la disponibilidad de infraestructura básica, en especial agua y electricidad; y el acceso a suelo bien localizado y asequible, advirtiendo que “el problema no es burocrático, es de disponibilidad real: en muchas zonas del país ya no hay agua”.
Los asistentes coincidieron en la importancia de mantener la colaboración entre gobierno y desarrolladores. El encuentro concluyó con el compromiso de establecer mesas de trabajo para atender los principales desafíos del sector: la agilización de trámites municipales en coordinación con gobiernos locales y estatales, la disponibilidad de agua con la participación de CONAGUA, la disponibilidad de energía en conjunto con la CFE, y la creación de una “bolsa de suelo” bien localizado y a costo accesible.


















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