El polémico decreto presidencial que blinda proyectos por “seguridad nacional”

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer lunes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se determina que son de seguridad nacional las obras y proyectos a cargo del gobierno federal, lo que ha generado polémica y anuncios de que se impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que podría ser inconstitucional y atentar contra la transparencia.

El concepto de seguridad nacional como función del Estado Mexicano se encuentra plasmado en el artículo 89 de la Constitución, donde se establece la facultad del titular del Poder ejecutivo para “preservar la seguridad nacional, en términos de su ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Por lo que en este concepto convergen dos postulados: el primero se refiere a la ausencia de circunstancias que atenten en contra del Estado en su interior (seguridad interior), y el segundo, a la forma en que se establece un sistema de defensa para afrontar circunstancias desde el exterior (defensa nacional), explica la Cámara de Diputados.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo refieren que este concepto es entendido por el Gobierno de México como “una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado”.

Además, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 la define como las acciones destinadas a proteger al país frente a riesgos y amenazas; a preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; a mantener el orden constitucional y la unidad de la federación; a fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; a defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional, y a preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.