Alejandro Irarragorri es investigado por presunta defraudación fiscal 

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Alejandro Irarragorri

Alejandro Irarragorri y Grupo Orlegi son investigado por presunta defraudación fiscal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), pues bien, se inició una investigación por una supuesta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos. 

Ahora bien, las autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una denuncia contra el propietario de Santos y Atlas, debido a que omitió el pago de impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a los salarios del equipo Santos durante el periodo  2017. 

Asimismo, el pasado 5 de diciembre, el Servicio de Admiración Tributaria (SAT) notifico al equipo de Santos por la posible omisión de impuesto. 

Alejandro Irarragorri y Club Santos por defraudación fiscal millonaria 

Por otro lado, se está llevando a cabo una investigación el año pasado sobre un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el equipo realizo a 26 jugadores y cuerpo técnico. Además, se encuentra del exentrenador José Manuel de la Torre y de su auxiliar Benjamín Galindo y de varios jugadores. 

De igual manera, las autoridades hacendarias, los directivos habrían ideado una estrategia para evitar la retención y el pago del ISR, en los pagos de depósitos, también en las primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, que está legalmente exenta de impuesto.  

Sin embargo, utilizaron “contracto colectivo” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hoteleras, y de conexos de la República Mexicana para realizar estos pagos. 

Como resultado, el equipo de Santos ha defendido ante las autoridades fiscales su postura de no haber pagado más de 17 millones de pesos por el ISR, mientras en los salarios, argumento que la ley no obliga a cubrir esa contribución en pagos de primas indemnizatorias. 

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De cualquier manera, se espera la investigación de la FGR que está en curso para determinar el tipo de consecuencias legales que enfrentara Alejandro Irarragorri. Por último, esta presunta defraudación fiscal conlleva a pena de prisión de tres a nueve años, aunque existe la posibilidad de reducir la pena, si paga el monto de manera inmediata. 

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