Francisco Garduño Yáñez es investigado penalmente

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Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 26 diciembre de 2019.Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México en conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Acompañan al mandatario: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para America Latina y el Caribe, SER; Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Javier May Rodríguez, subsecretario de la secretaría de Bienestar: Jens Pedro Lohmann Iturburu, coordinador de la Guardia Nacional en la Frontera Norte; Vicente Antonio Hernández Sánchez, coordinador de la Guardia Nacional en la frontera sur y Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).Foto: Presidencia


La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que que en su momento se van a tomar decisiones sobre la permanencia en el cargo de Francisco Garduño Yáñez.

El mandatario detalló que no se conoce todavía el alcance de dicha investigación contra Garduño, por lo que pidió a la FGR que informe más al respecto.

“Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez”, dijo.

La defensa presidencial

Sin embargo, López Obrador destacó el trabajo de Garduño Yáñez al frente del INM: “es bueno su trabajo, en general siempre ha tenido un buen desempeño. Lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo”.

En 2020 Francisco Garduño Yáñez recibió una Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el incendio en un centro migratorio de Tabasco.

Cabe señalar que la FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

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El escrutinio internacional sobre el rol del gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El gobierno de El Salvador ha sido el más crítico, al calificar el hecho de crimen de Estado y exigir la remoción de los titulares de la política migratoria de México.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México ya que unos 900 ciudadanos murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

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