Banco Azteca queda fuera del cobro de impuestos

Durante su conferencia matutina del 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Banco Azteca ya no podrá recibir ni procesar pagos de impuestos. Con esta medida, el gobierno busca acabar con las prácticas abusivas que detectó en una auditoría reciente.

Auditoría revela retención indebida de fondos

Sheinbaum explicó que la revisión financiera halló fallas graves en varios bancos privados. Detectaron que retenían el dinero de los contribuyentes durante meses. Además, no pagaban intereses a la Tesorería de la Federación y, en algunos casos, ni entregaban los recursos. “Jineteaban el dinero”, denunció la mandataria, refiriéndose al lucro indebido que obtenían durante el tiempo de retención. Al identificar esas irregularidades, el gobierno retiró a Banco Azteca del esquema de recaudación.

Recortes operativos aceleran la recaudación

Para evitar más abusos, el gobierno implementó pasos claros. Ahora, los pagos registrados ingresan a Hacienda en un plazo máximo de 24 horas. Sheinbaum afirmó: “Esto se acabó. Lo que pagan los contribuyentes llega al día siguiente”. Así, eliminó cualquier espacio para que los bancos se queden con los intereses. Además, reforzó la supervisión de las instituciones que aún participan en el cobro de impuestos.

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Banco del Bienestar toma protagonismo

La presidenta pidió al secretario de Hacienda evaluar otras opciones de intermediación. Entre las propuestas, destacó el uso del Banco del Bienestar. Este banco público permitiría un control más directo del flujo de recursos. También evitaría la dependencia de entidades privadas con antecedentes dudosos. Sheinbaum confió en que, al fortalecer esta alternativa, el gobierno protegerá mejor los fondos públicos.

Conclusión sobre Banco Azteca

La exclusión de Banco Azteca supone un golpe directo a los intereses de Ricardo Salinas Pliego. A su vez, envía un mensaje claro: el gobierno no tolera las malas prácticas financieras. Con procesos de pago más rápidos y la apuesta por un banco público, el Estado refuerza su compromiso con la transparencia fiscal. Los contribuyentes ya pueden confiar en que sus impuestos llegarán íntegros y sin demoras indebidas.