Ana Georgina, de la libertad absolutoria racional, a una apelación denigrante del Ministerio Público

La vida dio un vuelco

El 9 de septiembre de 2009 su vida daría un vuelco que la enfrentaría con la peor versión humana, sin poder saber, siquiera, lo que le estaba pasando. 

En este mismo espacio describí cómo, de manera contrastante, la parte más corrupta del Ejército mexicano, daba a conocer un falso y “triunfal” “bando informativo”.

En el documento consignaba la detención de “la contadora” de un peligroso cártel del narcotráfico llevando consigo documentos, dinero, armas y aparatos de comunicación. 

En esa grotesca versión, incluían la circunstancia de haberla detenido saliendo de una “casa de seguridad” del propio grupo delincuencial.

La realidad real

Por otra parte, el relato múltiple de los vecinos en el edificio en donde vivía Ana Georgina con Eduardo, su esposo, y sus dos pequeños hijos, era muy distinto. 

Ana y Eduardo habían sido sacados violentamente de su departamento la madrugada del fatídico 9 de septiembre, por un pelotón militar que previamente destruyera la puerta principal, y quienes les dijeran el motivo era que les habían alertado que en ese sitio se encontraban hombres armados. 

Una asociación civil, años más tarde, documentaría la verdad con los testimonios de muchos vecinos y el propio Eduardo.

Este comparativo de hechos habría sido suficiente para entender se trataba de una flagrante fabricación de delitos para encontrar “engañosos trofeos” de los cuales el narcogobierno (ahora lo sabemos) de Felipe Calderón, estaba ávido para justificar su ficticia “guerra contra el narcotráfico”. 

Sin embargo, la criminal Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, mejor conocida como la SIEDO, sabía los cargos estaban “prendidos con alfileres” y no pasarían ninguna prueba. 

La verdad violentada

Ante ello, decidieron aumentar la infamia, echando mano de su “equipo” de “testigos protegidos”, que después aceptarían no conocían a ninguna de las personas que acusaban, pero lo hacían por temor a represalias en caso de negarse.

Eligieron a una mujer con “clave” ROMEO.

SU MISERABLE “ASEVERACIÓN” MATARÍA LAS ILUSIONES DE UNA MUJER, SUS HIJOS Y TODA LA FAMILIA.

Ana Georgina Domínguez Macías, ese mismo día 15 DE ABRIL DE 2009, estaba siendo sometida a una cirugía invasiva en Villahermosa Tabasco, adonde había llegado un día antes (14 de abril de 2009) acompañada de Eduardo, su esposo, y su mamá. 

Hace unos días, Marco Priego, el doctor que la interviniera me decía:

–“Es imposible simular una cirugía, la cantidad de circunstancia y testigos alrededor del evento imposibilitan falsear un hecho así. Sin embargo, no les importó en lo más mínimo, ni siquiera me cuestionó el agente del Ministerio Público comisionado para acudir a la cita, terrible”–. 

El cirujano testificó por escrito el suceso sin que hubieran tomado en cuenta su declaración.

¡La suerte estaba echada! Ana Georgina, finalmente fue acusada por dos delitos graves: asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita.

El plan maestro

Para tipificar el delito de asociación delictuosa se necesitan tres o más personas de acuerdo con el Código Penal.

Era un plan “maestro”, matarían tres “pájaros de un tiro”. Pero, “el tiro les salió por la culata”: los dos coacusados demostraron la tortura y se acogieron al protocolo de Estambul y en una declaración ampliada afirmaron que no conocían a Ana Georgina. 

Esa circunstancia, ante los ojos de cualquiera eliminaba cualquier posibilidad de seguir manteniendo ese delito absurdo, pero Ana, tiene más de doce años en cautiverio. 

El estatus jurídico de Ana Georgina Domínguez Macías al momento de escribir este artículo:

El día 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo una audiencia de separación de causas en el Juzgado 5 de Distrito en materia de procesos penales federales. El juez aceptó la separación por razones contundentes.

El 23 del mismo mes, la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado, de nombre Norma Patricia Lozano, ingresa con toda impunidad la apelación correspondiente que lleva un poco más de siete meses de zozobra (causa penal 97/2009/-v).

El pasado 14 de febrero de este año, el Instituto Federal de la Defensoría Pública celebraba junto con todos los familiares y amigos de Ana, la notificación de libertad absolutoria por la causa penal 42/2010-3.

 PENSÁBAMOS CON EMOCIÓN, LLEGABA UNA JUSTICIA TARDÍA PERO INMINENTE. 

Estábamos equivocados, una vez más, el agente del Ministerio Público en Matamoros apelaba la sentencia de libertad el 28 de febrero de 2022, alargando perversamente la agonía.

Es difícil ser “juez y parte” lo entendemos. Por ello, en la impartición de justicia hay tres elementos básicos:

-El defensor (en este caso de oficio)  que ha ofrecido pruebas contundentes de la inocencia. 

-El Ministerio Público, que ejerce la labor persecutoria de los delitos aportando evidencias claras y sostenibles (en este caso, NINGUNA).

-El juez, que analizando las pruebas emite una resolución o sentencia.

Como podemos ver, todas las partes tienen una participación de gravísima importancia, pues el objeto (en Derecho Penal) es la vida misma y sus repercusiones en otras tantas. 

Todos deben asumir sus actos con responsabilidad extrema, en especial, la parte acusatoria pues su conciencia estará siempre en riesgo. 

Ejercer una denuncia o recurso de apelación tendrá que hacerse bajo una estricta convicción jurídica contando con todos los elementos a su alcance.