Corrupción amenaza imagen de México: Transparencia Internacional

México retrocedió dos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022 al caer del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados, divulgó la organización Transparencia Internacional.

México mantuvo por tercer año consecutivo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público.

El país comparte la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán, expusieron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en un boletín de prensa.

La organización indica que entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó la última posición.

También es de los peores del G20

Transparencia Internacional señaló que en el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.

Indicó que en América Latina, México está peor calificado que Uruguay (74), Chile (67) y Costa Rica (54), los únicos países de la región que aprueban.

Transparencia Internacional apuntó que México también está peor evaluado que Cuba (45), Colombia (39), Argentina y Brasil (38), Ecuador, Panamá y Perú (36), El Salvador (33) y República Dominicana (32).

Transparencia Internacional recordó que los resultados de México ilustraban una tendencia positiva en 2019 y 2020, años en los que mejoró del puesto 130 al 124.

Sin embargo, señaló que ausencia de sentencias firmes en los casos emblemáticos de corrupción, como el de los sobornos de la brasileña Odebrecht, los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el esquema de corrupción conocido como la “Estafa Maestra” del sexenio anterior (2012-2018).

Puso de manifiesto que estos han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.

La organización también afirmó que cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.