Desde el 12 de junio de 2025, en el estado de Puebla, insultar a alguien en redes sociales no solo puede costarte una denuncia, sino hasta tres años de prisión. Así lo establece la nueva Ley de Ciberseguridad, una controvertida reforma legal que ha sido catalogada como “ley censura” por periodistas, activistas y legisladores de oposición.
La medida ha generado una oleada de críticas por lo que muchos consideran ambigüedad jurídica y riesgos para la libertad de expresión, especialmente en un entorno digital donde la crítica política, el activismo y la denuncia social son constantes.
Aquí te explicamos qué implica esta nueva ley, cuáles son los delitos que contempla, por qué ha sido tan criticada y qué opinan tanto el gobierno como la sociedad civil.
¿Qué dice la Ley de Ciberseguridad de Puebla?
La Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla fue aprobada el 12 de junio de 2025 por el Congreso local, dominado por legisladores de Morena, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. La iniciativa fue presentada desde noviembre de 2024 por José Luis García Parra, exdiputado local y actual coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta.
El nuevo marco legal tipifica como delito penal el “ciberasedio”, definido como:
“El uso reiterado de insultos, agravios o vejaciones a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea, foros y cualquier medio electrónico”.

La sanción establecida para este delito va de 11 meses a 3 años de prisión, además de una multa que puede alcanzar hasta los 39 mil pesos mexicanos. Si la víctima es menor de edad, las penas aumentan significativamente.
¿Qué otros delitos digitales incluye esta ley?
Además del ciberasedio, la ley incluye las siguientes figuras delictivas:
- Espionaje digital: acceder sin autorización a dispositivos, sistemas informáticos o cuentas electrónicas de terceros. Pena: hasta 3 años de prisión.
- Grooming: cuando un adulto simula ser un menor para contactar a adolescentes con fines sexuales. Pena: hasta 5 años de cárcel.
- Usurpación de identidad con fines sexuales o de explotación: sancionada con penas de hasta 8 años de prisión.
Todas estas disposiciones, según el texto oficial publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, buscan “proteger la integridad física, emocional, sexual y digital de las personas”, pero las ambigüedades en sus definiciones han encendido alarmas entre defensores de derechos humanos.
¿Por qué se le llama “ley censura”?
El término “ley censura” ha sido usado por organizaciones civiles, periodistas, usuarios en redes sociales y legisladores de oposición que consideran que esta reforma criminaliza la crítica y pone en riesgo la libertad de expresión en internet.

Según ARTICLE 19, una organización internacional que defiende la libertad de prensa, la ley:
- Usa conceptos vagos y ambiguos, como “agravio” o “insulto”, sin definirlos con precisión jurídica.
- Viola el principio de taxatividad, que exige que toda norma penal sea clara, precisa y previsible.
- Puede ser usada de forma arbitraria contra periodistas, opositores políticos o activistas, como ha ocurrido en otros contextos donde se penaliza la crítica al poder.
Estas preocupaciones también fueron compartidas por diputadas como Susana Riestra (PAN) y Delfina Pozos (PRI), quienes votaron en contra del dictamen. “Es una ley que podría encarcelar a alguien por simplemente criticar a un funcionario en Twitter”, señaló Riestra.
¿Qué dice el gobierno de Puebla?
El gobernador Alejandro Armenta ha defendido públicamente la ley, afirmando que “tiene como objetivo proteger los derechos humanos en el entorno digital, especialmente los de niñas, niños y adolescentes”.

Sin embargo, tras el aluvión de críticas, Armenta anunció la realización de foros públicos para “escuchar a la ciudadanía y a los expertos”. El problema, según los críticos, es que estos foros se anunciaron después de que la ley ya había sido publicada oficialmente, por lo que su efecto sería consultivo, pero no vinculante.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convoca a periodistas y a defensores de derechos humanos a “analizar” la #LeyCensura DESPUÉS DE QUE FUE APROBADA.
El chiste se cuenta solo. pic.twitter.com/O6ibvY19Mu
— Denise Dresser (@DeniseDresserG) June 15, 2025
La politóloga Denise Dresser ironizó en redes sociales al respecto:
“El chiste se cuenta solo”.
¿Cómo puede afectar a usuarios comunes?
Uno de los aspectos más polémicos de la ley es su aplicabilidad en la vida cotidiana. Dado que penaliza los “insultos reiterados” sin definir claramente qué constituye un insulto, prácticamente cualquier discusión en redes sociales podría derivar en una denuncia penal.
Esto abre la puerta a:
- Acusaciones subjetivas por comentarios críticos.
- Autocensura entre usuarios por miedo a represalias legales.
- Instrumentalización política para perseguir voces disidentes o incómodas.
Por ejemplo, si un ciudadano expresa en Facebook o X (antes Twitter) su descontento con una decisión del gobierno local y utiliza términos considerados como ofensivos por el funcionario en cuestión, podría ser acusado de ciberasedio.
¿Existen precedentes similares en México?
Sí, y han sido igualmente controvertidos. En estados como Yucatán, Oaxaca o Sonora, se han propuesto o aprobado leyes que criminalizan las “calumnias digitales” o “difamación en redes”, muchas de las cuales han sido impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte.
En todos los casos, el argumento ha sido el mismo: proteger la dignidad no debe justificar la censura del discurso público.
¿Y qué dice la ciudadanía?
Desde el anuncio de la ley, plataformas digitales se han llenado de publicaciones bajo el hashtag #LeyCensuraPuebla, donde periodistas, creadores de contenido, abogados y usuarios comunes han compartido su inconformidad y temor ante posibles abusos.

Algunos mensajes en redes expresan:
- “Ya no se puede decir nada sin que te lleven al bote. ¿Qué sigue, multar los memes?”
- “Hoy es una crítica, mañana es una burla, y pasado ya ni podrás opinar. #NoALaLeyCensura”
- “¿Tres años por decirle ‘corrupto’ a un político? ¿Y ellos cuántos años por robar?”
Una ley polémica en tiempos digitales
La nueva Ley de Ciberseguridad de Puebla, aunque busca atender problemas reales como el acoso digital y el grooming, abre una peligrosa ventana a la censura y al uso discrecional del poder judicial para silenciar voces críticas.
En un contexto donde el internet es una de las pocas herramientas libres de denuncia y organización ciudadana, penalizar el insulto sin una definición jurídica clara podría tener consecuencias graves para el debate público, el activismo y el periodismo independiente.
La pregunta ahora es si esta ley sobrevivirá el escrutinio social y legal, o si será reformada antes de que cause un daño mayor a las libertades digitales.
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