Este caso representa un claro intento de intimidar y silenciar al periodismo en una región donde ejercer esta labor ya implica un alto riesgo. La amenaza no solo fue verbal, sino acompañada de actos de seguimiento y vigilancia, lo que incrementa la gravedad de la situación. Las organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil exigen una investigación a fondo, medidas cautelares para Anwar Delgado y una sanción ejemplar contra el legislador, para que hechos como este no se repitan y se respete el ejercicio libre del periodismo.