El gobierno de México envió una segunda “remesa” de presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, sin que se conozca hasta este momento la identidad de los presos.
Según información que trasciende en diversos medios de comunicación, se trata de 26 presos, acusados de actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas.

Breve comunicado
La Fiscalía General de la República informó que los presuntos narcotraficantes eran requeridos por Estados Unidos por sus vínculos con las organizaciones criminales por tráfico de drogas.
Las autoridades señalaron que los sujetos se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios del país.
En un breve comunicado, la FGR no ofreció detalles sobre la identidad de las personas enviadas, pero señaló que ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles sobre el asunto.
La primera “remesa”
Cabe recordar que en febrero pasado, el gobierno mexicano envió a 29 presos de distintos centros penitenciarios del país a Estados Unidos, entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero y “El Viceroy.
En ese momento, la FGR aclaró que no se trató de una extradición, si no que eran “personas requeridas” por razones de seguridad nacional, según el artículo 5 de la Ley General Nacional y el 89 de la Constitución mexicana.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que algunas de esas personas iban a ser liberadas por jueces locales, lo que podría representar un grave riesgo tanto para México como para Estados Unidos.
Distribución geográfica y logística del traslado
Los 29 internos fueron trasladados desde prisiones federales y estatales ubicadas en distintos estados del país —incluyendo el Altiplano, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de México— hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde ahí, fueron enviados en vuelos militares a una variedad de destinos en EE.UU., como Washington, White Plains, Nueva York, Chicago, Houston, McKinney (Texas), Phoenix y San Antonio.
Voces y visiones: entre la soberanía y la cooperación
Un editorial en El País describió la medida como una señal firme de que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo estaba decidido a confrontar el crimen organizado y la corrupción judicial desde el inicio de su mandato.
Por otro lado, expertos como Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, calificaron el traslado como “nunca antes visto” en la historia de México









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