El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, entregó ante Oficialía de Partes de la LXI Legislatura local la “Ley Escudo”, iniciativa de reforma al Código Urbano del Estado de Querétaro en materia de desarrollo inmobiliario.
La referida iniciativa, de nombre “Ley Escudo”, reforma más de 60 artículos del Código Urbano con el objetivo de tener un control del desarrollo inmobiliario y del régimen de propiedad en condominio, además de que promueve una regularización más estricta de obras de urbanización, licencias y fianzas.
De igual manera, la “Ley Escudo” fomenta la participación de condóminos en la rendición de cuentas y vigilancia y propone la creación de una nueva figura de mediación municipal para conflictos vecinales.
Paso firme…
“Hoy damos un paso firme hacia un futuro más justo, más ordenado y más seguro para las familias de Corregidora y de Querétaro. Desde que recorrí nuestras calles como candidato escuché con preocupación que se repetía una y otra vez con fuerza, con razón y con urgencia que muchas familias vivían en desarrollos habitacionales que aún no habían sido concluidos ni entregados, vivían ahí sin certezas ni garantías, eso no es justo ni digno, eso no lo vamos a permitir”, resaltó el alcalde corregidorense.
El diputado local del VIII Distrito, Antonio Zapata, detalló a su vez que aunque las diferentes administraciones municipales de Corregidora han trabajado para atender el tema de los desarrollos irregulares, es necesario combatir esta práctica desde la ley, por lo que reconoció la voluntad y el trabajo del alcalde al presentar la “Ley Escudo”.
Por su parte, el diputado local del VI Distrito, Mauricio Cárdenas, aseguró que con esta iniciativa se busca saldar una deuda histórica con las y los habitantes de Corregidora.
Aspectos de la iniciativa
Entre los principales aspectos de la iniciativa están el fortalecimiento de las facultades de los gobiernos municipales en materia de supervisión, mediación y rendición de cuentas en los condominios.
Asimismo, se les otorgará la facultad de prohibir asentamientos irregulares y de denunciar ante la Fiscalía a quienes los permitan.
Los lineamientos establecidos en la reforma contemplan que la venta de lotes y unidades habitacionales solo podrá llevarse a cabo cuando exista un avance mínimo del 30 por ciento en urbanización.
También se requerirán garantías obligatorias para obras inconclusas y para la atención de vicios ocultos. La publicidad de los desarrollos deberá detallar los materiales utilizados, el régimen de propiedad y los planos autorizados.
Se incrementa del cuatro por ciento al cinco por ciento la superficie destinada a áreas verdes en fraccionamientos habitacionales, los cuales deberán contar con accesibilidad universal, ciclovías y paradas de transporte público.
De la misma forma, los Ayuntamientos estarán obligados a garantizar procesos más ágiles en la revisión, inspección, publicación y recepción de obras, así como a implementar un registro condominal obligatorio.
En cuanto a los condominios, deberán contar con un reglamento interno autorizado como requisito previo a la venta de unidades privativas, además de estar debidamente inscritos en el padrón correspondiente.
La autoridad municipal tendrá mayores atribuciones para supervisar las asociaciones de condóminos, sus asambleas y la rendición de cuentas. También podrá convocar asambleas si así lo solicita al menos el 30 por ciento de los condóminos.
Las y los administradores estarán obligados a informar sobre el estado financiero del condominio, y se impondrán sanciones por el incumplimiento en la entrega de informes. En caso de omisiones, el Comité de Vigilancia podrá intervenir.
