Gilberto Sánchez de 72 años, fue declarado muerto cuatro días después de haberse atragantado en la calle cuando tomaba café y pan. En el hospital del ISSTE de Tacuba, sin embargo, lo calificaron como un caso médico legal. Hermilia Salcedo, denuncia que la médica asistente Kenia Mendoza le sugirió que fuera a las funerarias de enfrente y ahí les brindarían el certificado.
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Dicho caso de corrupción es alarmante, pues las funerarias les piden al menos $1,800 pesos para brindarles el certificado.
Uno TV encargados del reportaje buscaron al ISSTE, pero no existió ninguna respuesta.
¿Por qué un médico de una organización gubernamental haría tal atropello?
Hay algunos que incluso por muertes naturales exigen un pago para el certificado, un negocio redondo.
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