Admite recomendaciones gobierno de Puebla

Vista desde lo alto de Puebla de Zaragoza / Foto: Alonso
Vista desde lo alto de Puebla de Zaragoza / Foto: Alonso

Por José Luis Arizmendi / Director Puebla

Argonmexico / A dos meses de los hechos en San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla lamenta que hayan resultado lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo.

El Gobierno estatal reconoce el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la investigación del caso. El dictamen correspondiente, publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla las cuales, ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo. Sin embargo, lo que es claro e irrefutable, es que el hecho mismo obliga al Gobierno del Estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando la seguridad y la integridad de la ciudadanía.

Este lamentable acontecimiento obliga a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de convivir en armonía y conducir las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco de la ley.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Puebla, notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la aceptación total de los puntos recomendatorios emitidos. En consecuencia, fue nombrado José Antonio Pérez Bravo como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan. Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Anteriormente se desempeñaba como Subprocurador Jurídico de Asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del delito (PROVÍCTIMA).

Asimismo, Juan Pablo Piña, Jefe de la Oficina del Ejecutivo, será el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables.

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