Neuropolítica | La rueda de la infortuna

Por David Uriarte

Alternativo.mx / La ruta de muchos delincuentes ha sido del poder a las rejas, no importa su perfil, es decir, igual aplica para los narcotraficantes que para los servidores públicos.

Los agravios son distintos: los narcotraficantes envenenan igual a hombres y mujeres sin importar la edad, en cambio los servidores públicos lastiman la dignidad y la inteligencia de la sociedad.

Cuando el narcotraficante hace alarde de su poderío, piensa en la impunidad como una póliza que garantiza su libertad y su libre desempeño delincuencial. Cuando el servidor público hace uso indebido del poder, atropella igual derechos laborales de los trabajadores de confianza o sindicalizados.

El poder del servidor público tiene dos pilares: el dinero y la influencia. Los titulares de áreas cuyo presupuesto es tal, que alcanza para untar la mano propia y ajena, corren el riesgo de caer en la tentación, engolosinarse, perder la proporción, cerrar los oídos de la mente como poseídos por una enfermedad llamada ambición y despertar enredados en una carpeta de investigación, vinculados a proceso penal por un juez de control.

En el caso del exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, la rueda de la infortuna lo ubica junto con el Dr. Jaime Otáñez García, vinculado a proceso y obligado a pagar un millón de pesos como garantía para enfrentar el proceso en libertad.

La cadena de custodia los obliga a pasar lista cada mes ante la autoridad judicial, no abandonar la demarcación territorial sinaloense, y preparar su defensa para dentro de cinco meses.

Así como hace años los medios los rodeaban en busca de la nota de salud, hoy el Dr. Echeverría y el Dr. Otáñez son rodeados por los medios de comunicación en busca de sus excusas o justificaciones relativas a los señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado y los fiscales del caso, al juez de primera instancia de control y de enjuiciamiento penal de la región centro, Juan Luis Quiñónez Beltrán.

Del “prestigio” esperado de los servidores públicos de primer nivel, al auto de formal vinculación al proceso penal, es un viraje inesperado que le devuelve la esperanza a una sociedad agraviada por la corrupción, la impunidad y la simulación.

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